Sara Schaefer Muñoz
Trabajadores de Sidor escuchan a un líder sindical en la planta de Ciudad Guayana.
The Washington Post/Getty Images
CIUDAD GUAYANA, Venezuela—Los
trabajadores de la cavernosa planta de acero de Sidor en esta ciudad
protestan desde hace semanas contra los retrasos en las negociaciones de
un contrato laboral y despotrican contra una gerencia que consideran
inepta. Pero el blanco de su ira no es un dueño privado en busca de
ganancias.
Al contrario, es el gobierno socialista, que nacionalizó Sidor en 2008 como parte de la campaña del entonces presidente
Hugo Chávez
para fortalecer a la clase obrera frente a lo que tildaba de "capitalismo salvaje".
"El Estado es el nuevo gran jefe y se ha quedado con todo, incluidos los derechos de los trabajadores", dice
Leonel Grisett,
un líder sindical de Sidor que ha sido arrestado por encabezar protestas.
Maduro,
quien sucedió a Chávez hace 17 meses, tiene problemas para contener una
crisis económica caracterizada por una inflación anualizada que supera
60%, una escasez extendida a toda clase de artículos desde papel
higiénico hasta aceite de cocina, y un sector privado que según
Coindustria, el mayor grupo que representa a las empresas
manufactureras, se está reduciendo.
Maduro también enfrenta un bloque poderoso, el sindicalismo organizado, que lo desafía cada vez más con huelgas.
Muchos
trabajadores se volvieron en contra de una piedra fundacional de la
revolución autoproclamada del gobierno: la nacionalización de cientos de
empresas privadas. Desde plantas de fertilizantes hasta embotelladoras
de leche y fundiciones, muchas compañías nacionalizadas están en mal
estado, según economistas y trabajadores.
Llamados
a los ministerios de Comunicación e Información y de Industrias de
Venezuela no fueron devueltos. Pero en sus discursos, Maduro a menudo
ataca al capitalismo de libre mercado y elogia la intervención estatal.
"La revolución de Chávez tuvo cosas
extraordinarias", afirma
José Clemente Tata,
el director designado por el Estado para integrar la junta
directiva de Sidor, o Siderúrgica del Orinoco. "Los trabajadores no
tenían seguridad laboral, eran una clase oprimida. Ahora, el Estado los
trata con responsabilidad", insiste.
Sin
embargo, en Ciudad Guayana, una metrópolis venida abajo de 900.000
habitantes en las planicies orientales del país, que en su momento fue
el centro de la industria venezolana, muchos de los 14.000 trabajadores
de Sidor dicen que sus contratos vencieron y que el gobierno envía
tropas cuando protestan. Se han quejado por tener un salario mensual
promedio de unos US$200, que no se mantiene a la par de la inflación.
La
animosidad entre el gobierno de Maduro y los trabajadores se acrecentó
últimamente.
Diosdado Cabello,
el poderoso presidente de la Asamblea Nacional, hace poco llamó a
los líderes sindicales "mafias" que buscan desestabilizar el país.
Maduro, quien fue conductor de autobús y líder sindical, calificó a los
huelguistas como "narco-sindicalistas", sin ofrecer evidencia de
actividades ilegales.
Los trabajadores
rompieron en agosto fotos del mandatario colgadas alrededor de la planta
de Sidor. "Él mismo fue un trabajador", sostiene Nerio Fuentes, que
trabaja en Sidor desde hace 40 años, en referencia a Maduro. "Pero ni
siquiera pudo venir a la planta y hablar con nosotros".
El descontento se ha extendido a sindicatos que representan a cientos de miles de trabajadores estatales.
La
Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, que representa a
empleados administrativos y maestros, criticó públicamente al gobierno
este mes por retrasar la renovación de contratos. Algunos vencieron hace
10 años, lo que dejó a los trabajadores con salarios devaluados.
Chávez,
quien asumió la presidencia en 1999, prometió que los trabajadores
prosperarían. No obstante, consideró que los poderosos sindicatos eran
un vestigio del pasado capitalista y trabajó para tenerlos bajo control,
afirma
Mariano Alvarado,
director de Provea, un grupo de derechos humanos que sigue temas
sindicales.
El gobierno de Chávez
penalizó protestas a través de arrestos y cargos espurios contra los
manifestantes, indican Alvarado y líderes sindicales, y los reemplazó
por sindicatos respaldados por el gobierno. Para obtener el apoyo de los
trabajadores, aumentó los salarios regularmente. Maduro no ha podido
mantener las alzas salariales al mismo ritmo.
"Llegó
Chávez con este mensaje para la clase obrera", dice
Rubén González,
un ex miembro del partido oficialista y líder sindical de la
procesadora estatal de mineral de hierro Ferrominera, quien fue
encarcelado en 2010 por organizar manifestaciones. "Pero sólo quieren
sindicatos que apoyan su proyecto político".
Unos
150 trabajadores, incluidos empleados de Sidor y empresas del sector
petrolero, enfrentan cargos relacionados a protestas. La violencia
también ha aumentado notablemente, dice Provea, y 59 sindicalistas
murieron el año pasado en enfrentamientos entre sindicatos
independientes y respaldados por el Estado.
Incluso
antes de Chávez, el gobierno jugaba un papel importante para impulsar
la economía. El presidente Rómulo Betancourt fundó Ciudad Guayana en
1961 con la meta de convertirla en un centro industrial. La ciudad
creció de forma acelerada conforme surgieron fábricas de acero y
aluminio.
Se prevé que Sidor no alcance
este año siquiera un cuarto de los 4,3 millones de toneladas de acero
líquido producidas en 2007, el año previo a la estatización.
La
violencia estalló en agosto, cuando unos 2.000 trabajadores de Sidor
realizaron una marcha cerca de la planta, diciendo que estaban cansados
de esperar que un contrato nuevo reemplazara el que había vencido hace
cuatro años.
Los manifestantes se
enfrentaron a tropas de la guardia nacional, que respondieron con gases
lacrimógenos, balas de goma e incluso municiones, y un puñado de
manifestantes resultaron heridos, según trabajadores y observadores de
derechos humanos.
Días después, una
vocera del gobierno anunció un nuevo acuerdo por los contratos. Eso
sorprendió y enfureció a muchos líderes sindicales, quienes afirmaron
que no habían revisado ni firmado el convenio. Las protestas no
cedieron. Aunque el nuevo contrato elevaría los salarios en 20%, los
trabajadores dicen que no es suficiente
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